Entrevista a José Ramón Vidal

Las nuevas medidas en Cuba no significarán el fin del socialismo

Cubasolidaridad

Jueves 7 de octubre de 2010


El día 13 de septiembre, un informe de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) reveló que el gobierno cubano planea despedir, hasta el primer trimestre de 2011, medio millón de trabajadores estatales e impulsar las pequeñas iniciativas privadas, como trabajos por cuenta propia, negocios familiares y cooperativas. El objetivo sería la mejora de la eficiencia de la economía cubana, que viene deteriorándose fuertemente en los últimos años, luego de una buena recuperación post período especial, como es llamada la época posterior a la caída del bloque socialista.

Gran parte de la prensa internacional ha anunciado, como consecuencia de tales medidas, el comienzo del fin del socialismo en la isla caribeña pero, para Vidal, ellas "no sólo son compatibles con un proyecto socialista sino que resultan indispensables para lograr su sostenibilidad en las actuales circunstancias", pues el Estado, según él, mantendrá la propiedad sobre los medios de producción y distribución fundamentales. Sin embargo, Vidal alerta que tales transformaciones sólo fortalecerán el socialismo en la isla si aplicadas por medio del protagonismo popular. "Si se hacen (los cambios) desde posiciones tecnocráticas, sin lograr un consenso real que tenga en cuenta, en todo lo posible, los intereses legítimos de los diversos sectores sociales, pueden ser letales para el proyecto socialista", dice.

 ¿Qué busca el gobierno cubano con las medidas económicas anunciadas?

 Las modificaciones al modelo económico se centran, hasta el momento, en la reducción o eliminación de gratuidades y subsidios, la reducción de las plantillas (se ha planeado que para el primer trimestre del 2011 haya concluido una primera fase de este proceso, con una disminución de medio millón de plazas laborales), la ampliación del mercado interno (ofertas turísticas nacionales, venta de electrodomésticos y servicios de telefonía celular etc.), ampliación del trabajo por cuenta propia y el arrendamiento de tierras y de pequeños establecimientos a sus trabajadores, tales como barberías y peluquerías, servicios de taxi, entre otros. Todo dirigido a hacer más eficiente la economía y rescatar la necesidad del trabajo como medio de vida, asuntos vitales para la sostenibilidad del país. Estas medidas, además, descargan al Estado de la administración de pequeños negocios que desde hace mucho tiempo se habían identificado como una hipertrofia del modelo socialista.

Estos cambios del modelo económico se realizan en medio de una situación muy compleja, en la que se combinan: el deterioro sostenido de los indicadores de eficiencia económica, que repercute en menor producción y productividad, tanto en la industria como en la agricultura; y expresiones muy extendidas de corrupción e ilegalidades, a lo que se suman los impactos externos (caída de los precios del níquel y de los ingresos por turismo como los más importantes), que repercuten en una disminución sensible del crecimiento del PBI (hasta 1,4%, en 2009, y un estimado de 1,9% para 2010, según cálculos oficiales) y en la emergencia de una crisis financiera del sistema bancario nacional. No deben quedar fuera de análisis los impactos negativos que provoca, sobre toda la actividad económica y financiera, el bloqueo de EE.UU. sobre Cuba y los efectos devastadores de los huracanes del 2008. Dicho de otro modo, las medidas en curso o anunciadas tienden a enfrentar esta compleja situación.

 ¿Se puede decir que éste es el cambio económico más radical en Cuba desde la implementación del socialismo en el país? ¿Se implementa, de hecho, un nuevo modelo económico?

 En mi opinión personal, son cambios de importancia, con repercusiones económicas y sociales, pero no deben magnificarse. El Estado mantiene la propiedad sobre los fundamentales medios de producción y distribución. Habrá nuevos y renovados actores económicos (más cooperativas, más trabajadores por cuenta propia y pequeños negocios familiares, arrendamientos de establecimientos pequeños al colectivo de trabajadores), una utilización mucho más protagónica del sistema tributario, de la política monetaria y un mayor apego al realismo de que nadie, ni persona, familia o país, pueden gastar más de lo que produce, pero creo que todo ello no sólo es compatible con un proyecto socialista sino que resulta indispensable para lograr su sostenibilidad en las actuales circunstancias.

El tema medular radica en cómo se apliquen esas transformaciones: si se hacen desde posiciones tecnocráticas, sin lograr un consenso real que tenga en cuenta, en todo lo posible, los intereses legítimos de los diversos sectores sociales, pueden ser letales para el proyecto socialista; pero si se orientan a favorecer una mayor socialización del poder, una mayor participación real de los trabajadores en la conducción de sus empresas y centros laborales, y, en general, si se fortalecen los mecanismos de poder popular y no se dejan abandonados a su suerte a ninguna familia que justificadamente no puedan ganarse su sustento mediante el trabajo, como se ha proclamado, entonces el proyecto socialista se fortalecerá y se hará realmente sustentable.

 Es sabido que la economía cubana depende mucho del aporte de otros países. Con la adopción de las nuevas medidas, ¿cree que se abre la perspectiva en Cuba de una base productiva más fuerte y dinámica, que disminuya la dependencia de la ayuda económica externa?

 Por supuesto que un mejoramiento de la productividad del trabajo, y, en general, de los indicadores de eficiencia económica, hacen mucho más fuerte al país y lo ponen en mejores condiciones para participar de los procesos integradores en curso en nuestra región. Cuba tiene un potencial enorme en sus recursos humanos altamente calificados, y su utilización más eficiente será de beneficio no sólo para nuestro pueblo sino también para otros que han recibido y reciben nuestro apoyo.

 ¿Cómo viene reaccionando el pueblo cubano al anuncio de los cambios? ¿Cómo fue el proceso de elaboración y discusión de esa medida?

 Obviamente, hay preocupación en muchas personas por su futuro inmediato. Se preguntan: "¿estaré en ese medio millón de personas que quedarán fuera de las plantillas?". Es un proceso difícil y a muchas familias, en lo inmediato, les traerá aparejado tensiones que no pueden minimizarse. En la actualidad, se discute en los centros de trabajo un llamamiento de la Central de Trabajadores de Cuba que anuncia y explica la medida de disminución de plazas que está por comenzar. Se reitera que será un proceso transparente, con la plena participación del sindicato y que los criterios de idoneidad serán los que guiarán las decisiones.

Esta es la medida más compleja de aplicar. Un asunto que genera preocupación es si durante el 2011 podrán crearse empleos suficientes como para compensar en una medida significativa las reducciones de plazas que se harán en el primer trimestre. Se espera que se autoempleen, por vía del trabajo por cuenta propia, una parte de los desplazados de las plantillas estatales, y que algunos sectores económicos con déficits de trabajadores, como la agricultura y la construcción, sean también un alivio a la situación de desempleo creada. Las restantes transformaciones tendrán menos dificultad para encontrar consenso y, más aún, despertar esperanzas de mejoramiento de la vida cotidiana.

 Los cambios anunciados prevén la autorización para que los microempresarios o trabajadores autónomos contraten fuerza de trabajo. ¿Cómo garantizar que no ocurra explotación y que no aumente la desigualdad social?

 En todo este período que llamamos "especial", desencadenado por el colapso de la URSS y el socialismo europeo, los índices de desigualdad en Cuba han crecido. El hecho de que muchas personas tienen, legal o ilegalmente, ingresos no provenientes del trabajo provoca esas desigualdades que, a nosotros en Cuba, nos resultan, con toda razón, indeseables, pero que están muy lejos de los estándares de desigualdad el resto del continente americano.

Las nuevas medidas tienden a regularizar hechos que ya ocurren de facto y, en ese sentido, la legalización misma es una medida de protección. El empleador tendrá que pagar un impuesto para la seguridad social de su empleado. Habrá que imaginar además otras formas de protección para que se respeten los derechos de esos trabajadores. Personalmente, pienso que los sindicatos podrían desempeñar un papel en esto.


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