Francisco Palacios

Venezuela, objetivo de criminalización

Extraído de el Periódico de Aragón

Miércoles 24 de marzo de 2010


Es falso que el gobierno venezolano haya refugiado a terroristas. El actual gobierno no ha hecho sino heredar compromisos. Todos los militantes llegaron a Venezuela hace más de veinte años merced al acuerdo entre el gobierno de Felipe Gonzalez y los gobiernos venezolanos de Carlos Andres Pérez y Jaime Lusinchi, con apoyo del gobierno frances, entre 1984 y 1990. Al igual que se acordaron deportaciones con México, Panama, Republica Dominicana, Argentina, Chile, Colombia, Bolivia, Cuba, Nicaragua o Cabo Verde, Togo o Santo Tomé. Países en los que siguen estando parte de aquellos militantes.

Es falso que el actual gobierno venezolano haya hecho caso omiso a los requerimientos del gobierno español; y mas bien sera durante los gobiernos del socialdemócrata Carlos Andrés Pérez o del liberal-conservador Rafael Caldera en los que no se produjo una sola extradición o deportación. Es bajo esos gobiernos cuando estos exiliados consiguen residencia legal e incluso nacionalidad. Es precisamente a partir de la llegada de Chavez cuando se atienden las primeras peticiones ya sea vía deportación o extradición. Seran los casos de Galarza (2002), Trincado (2002), Las Heras (2002), Etxaniz (2002), o Foruria (2003). Los demás militantes solicitados por el gobierno español tienen orden de busqueda y captura. Y así Iñaki Etxeberría fue detenido y puesto a disposicin del Tribunal Supremo, que declarara en el año 2009 no pertinente su extradición con base en el tratado suscrito con España, por prescripción de delitos.

Es falso que "Chavez regalara miles de dólares a militantes de ETA" sino que dicho compromiso fue consecuencia del expediente abierto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra Venezuela por la deportación ilegal a España de Galarza y Etxaniz, donde el gobierno venezolano bordeó e incluso vulneró la legalidad. La CIDH admitió a trámite la demanda (caso n 12.555) y el Gobierno de Venezuela, intentando evitar una probable condena, se plegó a solución amistosa en el marco del artculo 48.1 de la Convención Americana.

Es falso que Arturo Cubillas sea un protegido del chavismo ya que dicha persona está en Venezuela mediante el acuerdo mencionado, obtuvo nacionalidad venezolana con el gobierno de Caldera y ninguna instancia había solicitado su extradición en más de veinte años. Cubillas no ha ocupado ningún cargo en el gobierno sino un cargo administrativo. Es falsa la denominada en el auto como "cooperación gubernamental venezolana", porque, aun en el caso de que Cubillas hubiera organizado alguna trama de colaboración, a nadie se le escapa, ni siquiera a un inimputable mental, que algún gobierno del mundo pueda estar al tanto de lo que hacen sus millones de funcionarios. Como a nadie se le escapa que si el ejército venezolano quiere conectar a los terroristas europeos más buscados con la banda latinoamericana más criminalizada no se le ocurre adornarse "con escudo de la DIM (Direccin de Inteligencia Militar de Venezuela) y de un vehículo escolta con militares venezolanos" tal como refleja el auto del juez Velasco en las únicas líneas directamente incriminatorias y surrealistas.

Es falso que el auto pruebe nada porque sólo prueban las sentencias. Dicho auto sólo maneja conjeturas endebles, procedentes de la testifical de dos guerrilleros "arrepentidos" y de todo aquello que del versátil ordenador de Raúl Reyes ha querido incluir el gobierno colombiano en la rogatoria. Hay que recordar al juez Velasco que el artculo 11 de la Ley Orgnica del Poder Judicial señala como inválidas todas las pruebas conseguidas en violación —directa o indirecta— de derechos fundamentales, plasmando el aforismo jurídico-procesal del "arbol contaminado". En este sentido las declaratorias de guerrilleros bajo custodia colombiana deben impugnarse a tenor del currículo de dicho Estado. Uno de los señalados por Naciones Unidas (Alto Comisionado para los Derechos Humanos), Amnista Internacional o Human Rights Watch, por utilización sistemática de la tortura y por cientos de ejecuciones con directa responsabilidad de Estado. También sera impugnable la validez del exhaustivo material informático de Reyes. El Informe Forense de Interpol (2008) afirmaba cómo el gobierno de Colombia no había observado garantías técnicas de preservación forense. Material con dificultad procesal añadida, ya que se consiguió mediante vulneración del art. 11 de la LOPJ por acción ilegal de guerra, con violación de la soberanía del Ecuador y matando a 25 personas, entre ellas cinco estudiantes.

Estos borrones procesales han servido para generar una matriz de opinión bajo titulares que califican a Venezuela de cómplice con el terrorismo; que denominan a su presidente como bufón o dictador y que, finalmente, instan al gobierno a romper relaciones. Todo ello como una fase más de la estrategia de criminalización.

Así con Venezuela, tanto así como con todo lo que ose confrontar a eso que se llama Poder (con mayúsculas, por supuesto). La Historia de casi siempre.

Profesor de la Universidad de Zaragoza y asesor de la Procuraduría General de Venezuela


Apartado de correos 51498. 28080, Madrid.

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