Unión Proletaria

¡Hacia la unidad de todos los empleados públicos en la Comunidad de Madrid !

Miércoles 12 de diciembre de 2007


El pasado mes de mayo, entraba en vigor el Estatuto Básico del Empleado Público que, además de aguardar un desarrollo normativo en cada Comunidad Autónoma, introduce ya algunos nuevos derechos para los trabajadores. También encierra algunos peligros que deberemos conjurar con la lucha, así como una oportunidad con el importante cambio que prevé en el proceso de negociación colectiva. Hasta ahora, cada sector profesional por separado se tenía que ventilar sus intereses con la Administración, con lo que crecía la disparidad entre ellos y se veían perjudicados por la desigual correlación de fuerzas con relación al patrono único. A partir de la aplicación del EBEP, los sectores más débiles de empleados públicos se verán amparados por unas garantías generales mínimas que deberán regir la negociación de sus condiciones específicas de trabajo. En definitiva, crecerá la fuerza de los trabajadores frente a las Administraciones Públicas.

Esto es lo que empezó a ponerse en marcha el 3 de septiembre entre la Comunidad de Madrid y los sindicatos mayoritarios CC.OO., UGT y CSIT-UP. Pero, a las pocas semanas, el gobierno regional del PP dio marcha atrás por afán de boicot a las leyes que promueve su rival político en el gobierno del Estado, por presiones corporativas y, desde luego, por el coste económico que acarreará en detrimento del enorme trasvase de fondos públicos con el que está enriqueciendo a especuladores, constructores, iglesia católica y grandes capitalistas en general. Están en juego la reducción de la temporalidad y de la precariedad, así como mejoras sociales y derechos. Una vez conquistados en el área pública, servirán de referencia a los distintos convenios laborales para que los demás trabajadores presionen por generalizarlos frente a una patronal privada cuyas ganancias no dejan de crecer a costa de aumentar la explotación de los obreros.

El objetivo de un acuerdo general de empleados públicos no debe ser entendido como imposición burocrática en perjuicio de las reivindicaciones particulares de cada sector, sino como un apoyo de todos a la lucha por éstas, tanto en lo que tienen de común como en lo que tienen de específico. De hecho, este conflicto general con la Comunidad de Madrid se produce simultáneamente con la denuncia de las privatizaciones por parte del Ayuntamiento de Madrid y con las huelgas de los 15.000 trabajadores sociales y de los 5.000 de la Administración de Justicia madrileña.

La huelga indefinida de los funcionarios judiciales se acaba de saldar con una contundente victoria, consiguiendo que la Administración reconozca las exigencias fundamentales que recogía su plataforma reivindicativa unitaria. Han hecho falta 11 días de huelga y de colapso del servicio público, por el alto seguimiento de la misma y la actuación de nutridos piquetes, para quebrar la torpe soberbia aristocrática de que suele hacer gala la derecha (que ya le costó el gobierno tras el 11-M). Ahora, algunas de las demandas de la plataforma de los trabajadores de Justicia que siguen pendientes les llevan de forma natural a sumarse a la lucha por el acuerdo general de empleados públicos. Pero, en justa correspondencia, a cada uno de los demás sectores y a todos ellos en su conjunto les toca saludar el combate de estos compañeros y seguir su ejemplo.

Después de meses de intentos vanos de negociación y de agitación (visitas de delegados y asambleas) en los juzgados y demás órganos judiciales de la región, los cuatro sindicatos representativos –CC.OO., CSI-CSIF, STAJ y UGT- propusieron a los trabajadores un calendario de movilizaciones y huelgas que fue aprobado por abrumadora mayoría de los mismos. Pero la Administración sólo respondía con indignación fingida, amenazando con no negociar bajo la presión de la huelga y ampliando los servicios mínimos. Los que sí sufren presión a diario son los trabajadores que han de soportar el doble de carga de trabajo y el mayor coste de la vida en Madrid, con retribuciones inferiores y tasas de temporalidad superiores a las que tienen sus colegas en otras comunidades autónomas. El gobierno regional pretendía dar largas al asunto y así aprovechar la crisis económica y la reforma de la oficina judicial que se avecinan para recortar gastos de personal y empleos. Pero, a pesar de utilizar a la cúpula del CSIF para romper la unidad sindical, se topó con la determinación de unos trabajadores muy conscientes de lo que se está dirimiendo y que, a partir de ahora, vigilarán con celo el estricto cumplimiento de lo acordado.

En todo este conflicto, los funcionarios judiciales han carecido del apoyo del PSOE y de los medios de comunicación que le son afines. Es más, el Ministerio de Justicia en poder de los “socialistas” se está comportando igual que gobierno “popular” madrileño ante las reivindicaciones de los trabajadores de la Administración de Justicia no transferidos a las comunidades autónomas. Los dos partidos mayoritarios están comprometidos con el ataque neoliberal contra las conquistas históricas del movimiento obrero ordenado por el gran capital en crisis desde los años 80 y que se recrudeció a partir de la campaña anticomunista desatada con motivo de la destrucción de la URSS.

Cada colectivo laboral por separado está en clara desventaja frente a la potencia económica y política de los monopolios capitalistas privados y del aparato del Estado al servicio de éstos. La satisfacción de las justas reivindicaciones de cada uno exige que nos apoyemos unos a otros, superando toda estrechez gremial y todo prejuicio ideológico que se revele contrario a nuestros intereses. Sólo desarrollando las luchas parciales de los trabajadores asalariados y uniéndolas en una gran lucha de toda la clase obrera contra la patronal y su Estado, podremos hacer frente al creciente deterioro de nuestras condiciones de vida al que nos condena la avaricia de los capitalistas y de sus servidores políticos.

Tras una apariencia democrática, asoma cada día más la realidad de un Estado en el que son siempre los más ricos los que se salen con la suya. La voluntad popular sólo la respetan si no impide que ellos sigan enriqueciéndose a costa de los trabajadores: por eso, no dudaron en recurrir a la guerra civil y a la “terapia” fascista durante 40 años, hasta que consiguieron disimular de nuevo su sanguinario egoísmo tras la fachada de la actual monarquía parlamentaria que nos legó el franquismo.

Para acabar con este chantaje de los usurpadores de las riquezas creadas con nuestro propio trabajo, no basta con que luchemos por nuestras necesidades económicas inmediatas. También tenemos que exigir democracia en todos los ámbitos de la vida social, desde el puesto de trabajo hasta la jefatura del Estado. Luchando contra el poder absoluto de la oligarquía y por una república democrática, los trabajadores recuperaremos nuestra dignidad y la confianza en nuestras propias fuerzas y en nuestra capacidad de construir un mundo mejor, con una economía centrada en las necesidades de la gente y no en las necesidades de acumulación del capital. Recordemos que las mejoras en las condiciones de vida de los trabajadores siempre se apoyaron en el avance del socialismo en el mundo, mientras que el retroceso del socialismo ha debilitado la capacidad de resistencia del proletariado y ha envalentonado a la burguesía que intenta arrebatarnos lo que habíamos conseguido a lo largo del siglo XX y empeorar nuestra situación laboral y salarial.

Madrid, a 12 de diciembre de 2007

www.unionproletaria.net up@unionproletaria.net Apdo. Correos 51498 - 28080 Madrid


Apartado de correos 51498. 28080, Madrid.

Seguir la vida del sitio RSS 2.0 | Mapa del sitio | Area de gestión | SPIP